Abstract
<jats:p>La presente investigación invita a revisar y analizar la tensión existente entre la necesidad del Estado ecuatoriano de garantizar la seguridad pública y la obligación constitucional de preservar los límites del poder punitivo. A lo largo de sus páginas, se examina cómo los escenarios de emergencia y la violencia organizada han expandido las facultades estatales, planteando importantes desafíos para el Estado constitucional de derechos y justicia. El estudio parte del garantismo penal de Luigi Ferrajoli para evaluar principios fundamentales como la legalidad, la proporcionalidad y la presunción de inocencia. A partir de esta base, la obra aborda de forma integral el estado de excepción, la intervención militar en seguridad interna, las reformas penales de emergencia y la responsabilidad administrativa del Estado por fallas en el servicio penitenciario. Asimismo, el análisis se extiende hacia los estándares del control de convencionalidad, el impacto de las tecnologías de inteligencia sobre la protección de datos, y los desafíos epistemológicos de la prueba penal en contextos de conflicto interno. Finalmente, el texto sostiene que la defensa de los derechos fundamentales no se opone a la seguridad, sino que le otorga legitimidad democrática. Se alienta al lector a explorar un modelo donde la eficacia estatal, la política criminal basada en la seguridad humana y el respeto a las garantías jurídicas sean elementos complementarios.</jats:p>